La reciente emisión por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de un conjunto de licencias generales que alivian parcialmente el bloqueo contra la República Bolivariana de Venezuela abre un debate necesario, pero que exige ser abordado desde el rigor crítico de la economía política y el derecho internacional público.

La medida, orientada nominalmente a flexibilizar operaciones en tres motores estratégicos, (la industria de hidrocarburos, el sector minero y las telecomunicaciones) ha sido presentada en ciertos círculos mediáticos como una concesión magnánima o un paso definitivo hacia la normalización.

Sin embargo, un análisis estructural revela que estamos ante una estrategia de ingeniería geopolítica y administración de la coerción, y no ante el desmontaje del andamiaje neocolonial que vulnera la soberanía nacional.

Para comprender la naturaleza de esta decisión, debemos partir de una premisa jurídica y económica ineludible: las llamadas "sanciones" económicas impuestas contra Venezuela son, en estricto rigor técnico y bajo el derecho internacional, medidas coercitivas........

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