El Tercer Objetivo. Por qué la capitulación de Delcy Rodríguez el 3 de enero no fue inevitable
El 10 de enero de 2026, siete días después de la intervención militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro en el corazón de Fuerte Tiuna, Delcy Rodríguez se conectó por teléfono a una reunión del Ministerio de Comunicación e Información con comunicadores oficialistas. No sabía, o no le importó, que la llamada sería grabada y filtrada. Lo que dijo en esa reunión es el documento político más revelador de los últimos meses, no porque confirme la narrativa que el gobierno ha construido para justificar sus concesiones, sino porque, leído con atención, la desmiente.
Días después, la llamada circuló en redes sociales venezolanas y fue publicada por medios independientes tanto nacionales como internacionales. En ella, Rodríguez habla a sus propagandistas con lo que parece una franqueza que no se permite en público. Describe dramáticamente el momento de la captura de Maduro y expone una supuesta amenaza que dice haber recibido, y los objetivos que el “alto mando político” se trazó para responder. Es en esos objetivos donde está la clave de todo cuanto ha sucedido en Venezuela desde esos días hasta el presente y muy probablemente por los próximos años.
Pero antes de llegar a ellos, conviene detenerse en la amenaza, porque sobre ella descansa toda la arquitectura de justificación que algunos han construido para explicar las concesiones que siguieron. Rodríguez lo narra así: “Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder si no nos iban a matar.” Y añade, con énfasis: “Nosotros dijimos: estamos listos para correr la misma suerte.”
Esa frase merece ser leída dos veces. Rodríguez no dice que cedieron ante la amenaza. Dice exactamente lo contrario: que respondieron que estaban dispuestos a morir. Supongamos que la llamada ocurrió realmente y que lo que ella dice que dijeron, sea cierto -y no hay razón para dudar de que en ese momento lo creyera-: entonces la amenaza de los quince minutos no explica lo que vino después. La amenaza existió, fueron desafiados, respondieron con valentía. ¿Y entonces? La pregunta que la llamada no responde, pero que los hechos sí responden, es qué ocurrió entre ese desafío inicial y la invitación de Rodríguez el día 4 de enero a Estados Unidos a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”, o el desfile de altos funcionarios norteamericanos que han visitado Venezuela después del 3 de enero, comenzando nada menos que con el Director de la CIA, John Ratcliff; la reforma petrolera que quebró el monopolio estatal del petróleo, o la aceptación de que la renta petrolera se canalice a fondos controlados por el Tesoro estadounidense, o la sumisión de las controversias contractuales a tribunales de Washington, o la prohibición de refinar el oro venezolano en territorio nacional.
1 La Hora de Venezuela. (2026, enero 28). 5 cosas que debes saber sobre la llamada de Delcy Rodríguez reseñada por The Guardian que se viralizó en redes sociales. Cazadores de Fake News. https://www.cazadoresdefakenews.info/5-cosas-sobre-la-llamada-de-delcy-rodriguez-resenada-por-the-guardian/
2 La Hora de Venezuela. (2026, enero 12). Filtración expone cómo el oficialismo intenta "ordenar el relato" tras la captura de Maduro para contener la fractura interna. Cazadores de Fake News. https://www.cazadoresdefakenews.info/oficialismo-intenta-ordenar-el-relato-tras-la-captura-de-maduro/
3 Roston, A. (2026, enero 22). Venezuela's Delcy Rodríguez assured US of cooperation before Maduro's capture. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2026/jan/22/delcy-rodriguez-capture-maduro-venezuela
La respuesta está en los tres objetivos que la propia Rodríguez enuncia en esa misma llamada. Vale la pena citarlos en el orden en que ella los presenta, porque ese orden es revelador.
El primero: “preservar la paz de la República.” El segundo: “rescatar a nuestros rehenes” -es decir, Maduro y Cilia Flores. Y el tercero, que Rodríguez presenta sin la menor incomodidad como objetivo legítimo de un gobierno en crisis: “…es preservar el poder político, porque la Revolución Bolivariana si no está en el poder político, bueno, imagínense ustedes el destino de este país, el destino de este pueblo, de los más vulnerables.”
Ahí está. No en una filtración comprometedora ni en una confesión involuntaria: en una declaración deliberada, pronunciada ante los propios propagandistas del régimen, enunciada como programa político con plena conciencia. El tercer objetivo del gobierno venezolano en el momento más crítico de su historia reciente no fue defender la soberanía del país, no fue proteger el patrimonio de los venezolanos, no fue consultar al pueblo sobre las condiciones de cualquier negociación. Fue preservar el poder político de la élite que gobierna.
Y luego, para que no quedaran dudas sobre cómo se gestionaría la tensión entre esos objetivos y la coherencia con los principios que el chavismo había proclamado durante décadas, Rodríguez añade una frase que es, en su ambigüedad calculada, el núcleo de todo el problema: “a veces se dan pasos tácticos, que a veces puedan hacerse acciones poco comprensibles, pero deben ustedes saber que así como el adversario, el enemigo tiene una estrategia muy clara, nosotros también tenemos una estrategia.”
Traducido: habrá cosas que no podrán explicarse públicamente. Habrá concesiones que parecerán inexplicables. No pregunten. Confíen. Hay una estrategia.
Esa es la base sobre la que se ha construido la narrativa de la inevitabilidad que algunos han intentado convertir en doctrina política bajo el nombre de “pragmatismo chavista”. El argumento, en su versión más elaborada, sostiene que ante la amenaza de exterminio físico del chavismo, ante la confrontación con una potencia nuclear -como la propia Rodríguez señala en la llamada- no había otra opción que negociar las condiciones de la supervivencia, cediendo en lo accesorio para salvar lo esencial.
4 Rodríguez, D. [@delcyrodriguezv]. (2026, 4 enero). Mensaje de Venezuela al mundo y a los Estados Unidos: Instagram. https://www.instagram.com/p/DTHCNR5DOMR/
El problema con ese argumento, al que ya dimos una extensa respuesta en un reciente artículo no es solo que la amenaza en los términos más graves descritos no ha podido verificarse independientemente. El problema más profundo es que, incluso aceptándola como verdadera en todos sus términos, la capitulación estructural e irreversible que siguió no era la única respuesta posible. Y hay un dato cronológico que destruye la coartada de la urgencia desde adentro: la amenaza de los quince minutos ocurrió el 3 de enero. Pero la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos se discutió desde el 22 de enero, se aprobó el 29 de enero, y las licencias OFAC se fueron emitiendo entre febrero y marzo. Los “quince minutos urgentes” se transformaron en semanas y meses de deliberación legislativa pausada, donde hubo tiempo de sobra para convocar una consulta popular, para debatir en la Asamblea Nacional con publicidad plena, para explicarle al país qué se estaba negociando. Ese tiempo existió y fue deliberadamente usado para otra cosa: para blindar las concesiones de cualquier escrutinio ciudadano. La urgencia no era el problema. La voluntad de no consultar era el problema.
Pero hay algo aún más revelador que la cronología de la entrega pos 3 de enerno. Dos investigaciones periodísticas de primer nivel -una del New York Times publicada en octubre de 2025, otra de The Guardian publicada el 22 de enero de 2026- documentan que las negociaciones que produjeron las concesiones no comenzaron el 3 de enero de 2026. Comenzaron meses antes. Según el NYT, funcionarios venezolanos de alto rango, con la anuencia de Maduro, ofrecieron a Washington abrir todos los proyectos petroleros y auríferos a empresas estadounidenses, redirigir las exportaciones de petróleo de China a EE.UU. y reducir drásticamente los contratos con empresas chinas, iraníes y rusas. Según The Guardian, Delcy y Jorge Rodríguez negociaron en paralelo y a espaldas de Maduro, comprometidos con funcionarios estadounidenses y cataríes a cooperar una vez que el dictador fuera removido. “Delcy estaba comunicando: Maduro tiene que irse”, declaró al Guardian un estadounidense involucrado en las conversaciones. “Ella dijo: trabajaré con lo que sea que venga después.” El 3 de enero no fue el inicio de una negociación forzada por la crisis: fue la ejecución de un acuerdo que ya tenía dueño. El estruendo de las bombas pudo haber hecho vacilar a quienes ya habían acordado cooperar -de ahí quizás el destello de valor de “estamos listos para correr la misma suerte”-. Probablemente fue entonces cuando Washington apretó el botón: no para amenazar a quienes resistían, sino para recordarles a quienes ya se habían comprometido que era hora de cumplir. La amenaza de los quince minutos no explica la capitulación. La capitulación ya estaba acordada antes de que sonara el teléfono.
7 Kurmanaev, A., Barnes, J. E., & Turkewitz, J. (2025, octubre 10). Maduro ofreció petróleo y otros recursos a Estados Unidos para evitar un conflicto. The New York Times. https://www.nytimes.com/es/2025/10/10/espanol/america-latina/maduro-diplomacia-petroleo-eeuu.html
8 The Guardian. (2026, enero 22). Venezuela's Delcy Rodríguez assured US of cooperation before Maduro's capture. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2026/jan/22/delcy-rodriguez-capture-maduro-venezuela
Con ese contexto sobre la mesa, las alternativas que la élite gobernante descartó no son un ejercicio especulativo. Son la evidencia de una elección deliberada. Y la primera que conviene despejar es la que ellos mismos agitaron durante años como su gran escudo: descartemos de plano la bravuconería de la Guerra Popular Prolongada -esa que el madurato anunció durante años, especialmente en los últimos meses de 2025, y de la que la propia Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello fueron protagonistas- como lo que fue: una irresponsable propaganda para engañar incautos. Aun sin esa opción, había otras alternativas distintas a una capitulación tan vergonzosa. No cómodas, no gratuitas, no libres de riesgo. Pero existían, y su existencia es lo que convierte la capitulación del rodrigato en elección y no en fatalidad.
La más inmediata era la que la propia Rodríguez invocó en su respuesta inicial a la amenaza: la disposición a enfrentar las consecuencias. Un gobierno que declara públicamente, ante la comunidad internacional, que ha sido objeto de una intervención militar ilegal, que sus dirigentes han sido amenazados de muerte, y que se niega a negociar bajo coacción, construye un registro político y jurídico que tiene consecuencias a largo plazo. Ese registro habría colocado a Washington en una posición defensiva ante la propia ciudadanía norteamericana, ante el mundo, ante la ONU, ante la Corte Internacional de Justicia, ante los gobiernos latinoamericanos que -independientemente de sus simpatías hacia el chavismo- no podían avalar públicamente el precedente de una intervención militar sobre un país soberano de la región. Lula, Petro y Sheinbaum estaban disponibles como interlocutores. No fueron convocados.
La segunda alternativa era la transferencia de la decisión a un cuerpo representativo. En lugar de negociar unilateralmente las condiciones de los acuerdos -sin que el país supiera qué se estaba discutiendo ni en qué términos- Rodríguez podría haber convocado a la Asamblea Nacional, o por lo menos al Consejo de Estado ampliado con el resto de los poderes públicos para que fuera una instancia de ese calibre, y no una persona actuando sola, quien tomara las decisiones fundamentales sobre la soberanía del país. Un acuerdo que requiere debate y aprobación parlamentaria no puede firmarse en cuarenta y ocho horas. Esa lentitud no es una debilidad: es exactamente la protección que la soberanía necesita cuando está bajo presión máxima.
La tercera era negociar con condiciones mínimas declaradas públicamente antes de sentarse. Incluso aceptando la necesidad de negociar, hay una diferencia fundamental entre hacerlo sin piso y hacerlo con condiciones no negociables declaradas: ninguna cesión de jurisdicción a tribunales extranjeros, ningún fondo de depósito externo para la renta petrolera, ninguna prohibición de industrialización de los recursos propios. Declarar esas condiciones públicamente habría creado un compromiso político que la presión ciudadana habría defendido. En cambio, las concesiones se firmaron mientras el país miraba hacia otro lado, sin que nadie le explicara qué se estaba entregando.
9 Meganoticias. (2025, 15 septiembre). “Seremos su pesadilla”: Vicepresidenta de Venezuela advierte a Estados Unidos ante posible invasión [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=\_7h2yCOkwSg
La cuarta era la renuncia. Un gobierno que considera que las condiciones impuestas son inaceptables pero que no tiene los medios para resistirlas tiene una salida que no hipoteca el futuro del país: dejar el poder, documentar públicamente las condiciones bajo las cuales se vio obligado a actuar, y transferir la responsabilidad de la decisión a otro proceso. Si la amenaza era personal -dirigida específicamente contra ella, contra su hermano, contra Cabello- entonces el paso lógico no era colaborar bajo esa presión, sino retirarse del cargo y convertirse en símbolo de resistencia en lugar de administradora del protectorado. La renuncia no preservaba el poder político. Por eso no fue considerada.
La quinta alternativa, y quizás la más coherente con el discurso que el propio chavismo sostuvo durante décadas, era la convocatoria a una resistencia civil activa y no armada. Durante años, el madurismo construyó un relato sobre la capacidad de movilización popular como escudo frente a cualquier agresión externa: milicias, colectivos organizados, pueblo en armas. En el momento en que esa retórica fue puesta a prueba, la opción de activarla fue descartada sin explicación. Un llamado público a la desobediencia civil, a la movilización pacífica de masas, a la articulación de redes de resistencia dentro y fuera del país, habría colocado al pueblo venezolano -y no a una élite negociando a puerta cerrada- en el centro de cualquier proceso de negociación. Habría obligado a Washington a lidiar no con una presidenta encargada dispuesta a firmar, sino con una sociedad organizada que reclamaba participar en las decisiones sobre su propio destino. Esa opción tampoco preservaba el poder político de la élite. Por eso tampoco fue considerada.
Ninguna de estas alternativas era excluyente entre sí. Lo más inteligente (y que le habría complicado las cosas enormemente a Washington) habría sido activar varias de ellas simultáneamente: denunciar la intervención ante la comunidad internacional mientras se convocaba a la Asamblea Nacional, se activaba el Consejo de Estado y se llamaba a una resistencia pacífica desde las calles, mientras se declaraban condiciones mínimas no negociables y se apelaba a la solidaridad regional. Una respuesta combinada habría creado una correlación de fuerzas completamente distinta. En cambio, se eligió el camino opuesto: negociar en solitario, en privado, sin condiciones declaradas y sin el pueblo.
Para quienes consideren que estas alternativas son puramente teóricas, conviene mirar lo que ocurre hoy mismo en otro país que enfrenta exactamente la presión que Rodríguez invocó para justificar la capitulación. El 15 de marzo de 2026, el canciller iraní Abbas Araghchi declaró públicamente, ante una confrontación militar activa con la misma administración estadounidense: “Nunca pedimos un alto el fuego ni negociaciones. Estamos listos para defendernos durante el tiempo que sea necesario hasta que Trump llegue al punto de entender que esta es una guerra ilegal.” Irán es también, como señaló la propia Rodríguez, una potencia que una enfrenta agresión militar brutal en pleno desarrollo por parte de Washington e Israel, con decenas de dirigentes asesinados -incluyendo al propio Ayatola Alí Jamenei, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Abdorrahim Musaví, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, entre muchos otros.
11 Alertas 24. (2026, marzo 15). Irán rechaza negociaciones y advierte que está preparado para una guerra prolongada con Donald Trump. Alertas 24. https://alertas24.com/iran-rechaza-negociaciones-y-advierte-que-esta-preparado-para-una-guerra-prolongada-con-donald-trump/
son menores que las que enfrentó Venezuela. Trump no pierde ocasión para exigir a quienes quedan al frente de las autoridades iraníes -bajo amenaza de incrementar la agresión- su rendición incondicional. Y sin embargo, su respuesta es la opuesta. La diferencia no está en la magnitud de la amenaza. Está en la jerarquía de los objetivos.
Y ahí está el nudo. Todas las alternativas que existían comparten una característica que las hace inaceptables desde la lógica del tercer objetivo que Rodríguez enunció: ninguna de ellas garantizaba la supervivencia política de la élite que gobierna. La renuncia, obviamente, no. La transferencia a la Asamblea Nacional tampoco -implica compartir el poder y rendir cuentas. La denuncia internacional crea un registro que puede volverse en contra. La negociación con piso público limita el margen de maniobra.
La única opción que simultáneamente gestionaba la presión externa y preservaba el poder político era exactamente la que se tomó: negociar en privado -sobre acuerdos que, según documentó el NYT en octubre de 2025, ya habían sido conversados con Estados Unidos con la anuencia de Maduro-, ceder en lo que Washington exigía, y presentar el resultado como inevitable, como táctica, como “pasos poco comprensibles” que responden a una estrategia que no se puede revelar. El “pragmatismo chavista” (Ameliach dixit) no fue la respuesta a la amenaza. Fue la racionalización de una elección cuyo criterio de fondo era el tercer objetivo: mantenerse en el poder. Y en ese sentido, el término se degrada hasta convertirse en lo que realmente describe: el salvataje de una élite a costa de la nación.
Rodríguez lo dice con todas sus letras en la llamada filtrada, sin advertir que está describiendo exactamente el problema: “la Revolución Bolivariana si no está en el poder político, bueno, imagínense ustedes el destino de este país.” Es un argumento circular que cualquier élite en cualquier país puede usar para justificar cualquier cosa: nosotros debemos permanecer en el poder porque sin nosotros todo sería peor. Una carta que el chavismo y el madurismo explotaron y siguen explotando: la supuesta gravedad que para el país implicaría que ellos abandonen el poder. No hay duda de que han sido hábiles en confundir deliberadamente lo que son los objetivos y necesidades de la elite del partido-estado, con los objetivos y necesidades del país.
El problema es que ese argumento no tiene límite. Justifica cualquier concesión, cualquier entrega, cualquier traición a los principios que legitimaban el poder en primer lugar. Y cuando las concesiones son irreversibles -cuando la renta se canaliza a fondos externos, cuando la jurisdicción se entrega a tribunales extranjeros, cuando las concesiones se firman por décadas- el argumento se vuelve grotesco: se preserva el poder vaciándolo de todo contenido soberano, se salva la forma destruyendo el fondo. El cascarón institucional permanece -la bandera, el himno, los ministerios, los cargos-; el alma soberana, no.
La inevitabilidad es siempre una narrativa construida después de los hechos para justificar decisiones que ya se tomaron. En este caso, la propia protagonista nos ha dado involuntariamente las herramientas para deconstruirla: en una llamada filtrada, ante sus propios propagandistas, Delcy Rodríguez enunció los tres objetivos que guiaron las decisiones de enero de 2026. El primero y el segundo eran defendibles. El tercero -preservar
el poder político- es el que explica todo lo que siguió. Y la cronología lo confirma: la urgencia de los quince minutos no explica meses de reformas silenciosas donde la consulta al pueblo hubiese sido posible, pero fue deliberadamente evitada.
Las elecciones políticas, a diferencia de las fatalidades, tienen autores, tienen motivos y, sobre todo, tienen consecuencias que otros cargan. Venezuela no llegó a este punto porque no había otra opción. Llegó a este punto porque quienes gobiernan eligieron este camino, con objetivos declarados y con plena conciencia de lo que hacían. Nombrar eso con precisión no cambia lo que ya ocurrió. Pero es la condición mínima para que no vuelva a ocurrir con el mismo pretexto, y para que la próxima vez que un funcionario venezolano sienta el peso de una posible decisión que hipoteca el presente y el futuro del país, mire hacia abajo y recuerde que hay una pregunta que debe hacerse antes de firmar: ¿cuáles eran sus objetivos? ¿Y cuál de ellos era el tercero?
