Tras los sorpresivos eventos del tres de enero de 2026, la Ley Orgánica de Hidrocarburos venezolana entró en reforma parcial y por consiguiente fue aprobada. Luego, los daños administrativos y financieros de las dos últimas décadas, sus resultados golpearon técnicamente las refinerías, taladros y pozos, pero ahora todo da un giro inesperado. Estados Unidos, con el secuestro del presidente venezolano, se propone tomar con sus corporaciones petroleras todo el control de la cadena de extracción, comercialización y financiarización de la industria petrolera venezolana.

Con la serie de sanciones iniciada a partir del 2015, se limitó técnica y financieramente a PDVSA. Sin recursos suficientes se le dificulta llevar el crudo hasta la superficie y de allí cumplir con la acostumbrada dinámica de compromisos nacionales e internacionales.

Para Venezuela, la extracción de cada barril de petróleo tiene un costo de quince dólares. Por esto soberanamente buscó una salida y aprobó la Ley Antibloqueo. Esto le permitió cubrir el aumento de su estancada producción, la cual había caído en agosto del 2019 a trescientos mil barriles diarios. La solución fue migrar a un financista petrolero y de allí salió el conocido Modelo Chevron.

Por varias razones, las transacciones acordadas a partir de la Ley Antibloqueo se mantuvieron en reserva, conociéndose sus acuerdos ahora con la aprobación parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Las nuevas negociaciones serán financieras y regirán la entrada a una veintena de corporaciones extranjeras, las cuales manejan la cadena de producción del petróleo en Venezuela.

La lucha por la independencia y soberanía de nuevo deberá esperar algunas décadas. Por mucho tiempo será imposible desarrollar formas distintas en toda la cadena petrolera sin tener la presencia y decisiones del control norteamericano. Esto será así hasta que dentro de la industria petrolera nacional se cree otra mirada que nos permita........

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