Hay momentos en la historia de los pueblos en que la distancia entre lo que los gobernantes dicen y lo que los ciudadanos viven se vuelve tan obscena, tan inconmensurable, que el lenguaje mismo parece colapsar de vergüenza. Venezuela atraviesa uno de esos momentos. El 8 de abril de 2026, desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada Delcy Rodríguez se dirigió al país durante poco menos de media hora para anunciar un paquete de medidas económicas que, en el mejor de los casos, son insuficientes, y en el peor, son la continuación de una retórica que ha acompañado el derrumbe sistemático del bienestar venezolano durante más de una década.

Este artículo no pretende ignorar el peso real de las sanciones estadounidenses sobre la economía venezolana, porque ese peso existe y es documentable. Pero tampoco pretende absolver a un gobierno —al que pertenece Rodríguez con plena responsabilidad histórica— de sus propias decisiones destructivas, de su propia incapacidad para administrar con honestidad una de las mayores reservas petroleras del planeta, y de su propio fracaso para construir un Estado que sirva a su pueblo en lugar de servirse de él.

Lo que sigue es un análisis de la situación económica venezolana actual, de las restricciones externas impuestas por Washington, y de las palabras y propuestas de Delcy Rodríguez sometidas al escrutinio que merecen: el de quienes las pagan con su bolsillo roto cada mañana.

El peso de las sanciones: real, pero no excusa suficiente. Desde 2015, y con mayor intensidad desde 2017, el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones económicas y financieras a Venezuela que han tenido consecuencias reales y documentadas sobre la economía del país. Las sanciones del Departamento del Tesoro, que durante años bloquearon el acceso de Venezuela a los mercados financieros internacionales, impidieron la refinanciación de la deuda externa, cortaron el acceso a dólares para importaciones esenciales, y redujeron drásticamente los ingresos por exportación petrolera, especialmente tras las sanciones de 2019 que afectaron directamente a PDVSA.

Según estadísticas que la propia Rodríguez presentó en su discurso del 8 de abril, el PIB real de Venezuela en 2025 representa apenas el 36 por ciento de lo que fue en 2012. Esta cifra, que la mandataria mencionó como un dato de contexto antes de hablar de recuperación, es en realidad una confesión de catástrofe. Ningún país del hemisferio occidental ha sufrido una contracción económica de esa magnitud en tiempos de paz. Ni Haití. Ni Zimbabwe durante su peor crisis.

Las sanciones contribuyeron a ese colapso. Nadie medianamente honesto lo negaría. Pero las sanciones no explican la totalidad del desastre. No explican la destrucción de PDVSA a través de la corrupción sistémica, el nepotismo y la designación de militares sin conocimiento técnico en cargos de dirección estratégica. No explican la expropiación masiva de empresas privadas que destruyó la capacidad productiva del país. No explican la emisión descontrolada de moneda que produjo la hiperinflación más severa del hemisferio. No explican los controles de cambio que generaron un mercado negro que empobrecía a los venezolanos mientras enriquecía a los funcionarios con acceso privilegiado a las divisas oficiales.

La administración venezolana vivió durante años convirtiendo las sanciones en coartada universal. Cualquier falla del Estado, cualquier escasez, cualquier derrumbe de servicio público era inmediatamente atribuido al "bloqueo imperialista". Esta narrativa tenía la ventaja de desviar la atención y la desventaja de ser, al menos parcialmente, falsa. Ahora Rodríguez, quien fue parte integral de ese gobierno durante todos esos años como vicepresidenta y jefa del área económica, pide "corregir errores del pasado" sin tener la honestidad de señalar cuáles fueron esos errores, quiénes los cometieron, y cuánto le costaron al pueblo venezolano.

El secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 y el ascenso de Rodríguez a la presidencia encargada, la relación con Washington entró en una fase de cooperación pragmática que es, en sí misma, una ilustración de la dependencia estructural en que se encuentra Venezuela. Estados Unidos levantó las sanciones personales contra Rodríguez el 1 de abril. El presidente Trump ha declarado que trabaja coordinadamente con ella en el sector energético. El secretario de Energía Chris Wright la visitó en Miraflores. Venezuela redirigió sus exportaciones de crudo hacia los Estados Unidos.

Esta es la tutela real bajo la que opera hoy la administración venezolana: no la tutela abierta de una intervención militar, sino la tutela financiera y energética de un país que controla el acceso de Venezuela a sus propios recursos bloqueados en el exterior y que fija las condiciones políticas bajo las cuales ese acceso podría restaurarse. En ese contexto, hablar de política pública venezolana autónoma es, en gran medida, hablar de los márgenes que Washington permite.

El bolívar, la inflación y el costo de vivir.  Para entender la profundidad de la crisis económica venezolana es necesario entender lo que ha ocurrido con el bolívar, la moneda nacional, en los últimos años. Venezuela ha pasado por tres reconversiones monetarias desde 2008, cada una eliminando ceros de billetes que los propios venezolanos usaban como artículos de papelería porque su valor nominal era inferior al costo del papel en que estaban impresos. Cada reconversión fue presentada como una solución y cada una fue seguida por........

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