Hay momentos en la historia de los pueblos en que la distancia entre lo que los gobernantes dicen y lo que los ciudadanos viven se vuelve tan obscena, tan inconmensurable, que el lenguaje mismo parece colapsar de vergüenza. Venezuela atraviesa uno de esos momentos. El 8 de abril de 2026, desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada Delcy Rodríguez se dirigió al país durante poco menos de media hora para anunciar un paquete de medidas económicas que, en el mejor de los casos, son insuficientes, y en el peor, son la continuación de una retórica que ha acompañado el derrumbe sistemático del bienestar venezolano durante más de una década.

Este artículo no pretende ignorar el peso real de las sanciones estadounidenses sobre la economía venezolana, porque ese peso existe y es documentable. Pero tampoco pretende absolver a un gobierno —al que pertenece Rodríguez con plena responsabilidad histórica— de sus propias decisiones destructivas, de su propia incapacidad para administrar con honestidad una de las mayores reservas petroleras del planeta, y de su propio fracaso para construir un Estado que sirva a su pueblo en lugar de servirse de él.

Lo que sigue es un análisis de la situación económica venezolana actual, de las restricciones externas impuestas por Washington, y de las palabras y propuestas de Delcy Rodríguez sometidas al escrutinio que merecen: el de quienes las pagan con su bolsillo roto cada mañana.

El peso de las sanciones: real, pero no excusa suficiente. Desde 2015, y con mayor intensidad desde 2017, el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones económicas y financieras a Venezuela que han tenido consecuencias reales y documentadas sobre la economía del país. Las sanciones del Departamento del Tesoro, que durante años bloquearon el acceso de Venezuela a los mercados financieros internacionales, impidieron la refinanciación de la deuda externa, cortaron el acceso a dólares para importaciones esenciales, y redujeron drásticamente los ingresos por exportación petrolera, especialmente tras las sanciones de 2019 que afectaron directamente a PDVSA.

Según estadísticas que la propia Rodríguez presentó en su discurso del 8 de abril, el PIB real de Venezuela en 2025 representa apenas el 36 por ciento de lo que fue en 2012. Esta cifra, que la mandataria mencionó como un dato de contexto antes de hablar de recuperación, es en realidad una confesión de catástrofe. Ningún país del hemisferio occidental ha sufrido una contracción económica de esa magnitud en tiempos de paz. Ni Haití. Ni Zimbabwe durante su peor crisis.

Las sanciones contribuyeron a ese colapso. Nadie medianamente honesto lo negaría. Pero las sanciones no explican la totalidad del desastre. No explican la destrucción de PDVSA a través de la corrupción sistémica, el nepotismo y la designación de militares sin conocimiento técnico en cargos de dirección estratégica. No explican la expropiación masiva de empresas privadas que destruyó la capacidad productiva del país. No explican la emisión descontrolada de moneda que produjo la hiperinflación más severa del hemisferio. No explican los controles de cambio que generaron un mercado negro que empobrecía a los venezolanos mientras enriquecía a los funcionarios con acceso privilegiado a las divisas oficiales.

La administración venezolana vivió durante años convirtiendo las sanciones en coartada universal. Cualquier falla del Estado, cualquier escasez, cualquier derrumbe de servicio público era inmediatamente atribuido al "bloqueo imperialista". Esta narrativa tenía la ventaja de desviar la atención y la desventaja de ser, al menos parcialmente, falsa. Ahora Rodríguez, quien fue parte integral de ese gobierno durante todos esos años como vicepresidenta y jefa del área económica, pide "corregir errores del pasado" sin tener la honestidad de señalar cuáles fueron esos errores, quiénes los cometieron, y cuánto le costaron al pueblo venezolano.

El secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 y el ascenso de Rodríguez a la presidencia encargada, la relación con Washington entró en una fase de cooperación pragmática que es, en sí misma, una ilustración de la dependencia estructural en que se encuentra Venezuela. Estados Unidos levantó las sanciones personales contra Rodríguez el 1 de abril. El presidente Trump ha declarado que trabaja coordinadamente con ella en el sector energético. El secretario de Energía Chris Wright la visitó en Miraflores. Venezuela redirigió sus exportaciones de crudo hacia los Estados Unidos.

Esta es la tutela real bajo la que opera hoy la administración venezolana: no la tutela abierta de una intervención militar, sino la tutela financiera y energética de un país que controla el acceso de Venezuela a sus propios recursos bloqueados en el exterior y que fija las condiciones políticas bajo las cuales ese acceso podría restaurarse. En ese contexto, hablar de política pública venezolana autónoma es, en gran medida, hablar de los márgenes que Washington permite.

El bolívar, la inflación y el costo de vivir.  Para entender la profundidad de la crisis económica venezolana es necesario entender lo que ha ocurrido con el bolívar, la moneda nacional, en los últimos años. Venezuela ha pasado por tres reconversiones monetarias desde 2008, cada una eliminando ceros de billetes que los propios venezolanos usaban como artículos de papelería porque su valor nominal era inferior al costo del papel en que estaban impresos. Cada reconversión fue presentada como una solución y cada una fue seguida por una nueva espiral de devaluación.

El bolívar ha perdido su función como reserva de valor de manera tan completa que la economía venezolana funciona en la práctica como una economía dolarizada informal. Los precios en supermercados, comercios y servicios se fijan en dólares y se cobran en dólares o en bolívares al tipo de cambio del día, que puede variar significativamente entre la tasa oficial del Banco Central y el tipo de cambio del mercado paralelo. Esta brecha, que en momentos de máxima distorsión llegó a ser de decenas de veces, es el termómetro más honesto de la confianza que los propios venezolanos tienen en su moneda y en su gobierno.

La causa estructural de la devaluación continua es conocida por cualquier economista y ha sido ignorada sistemáticamente por los gobiernos venezolanos: la emisión monetaria sin respaldo para financiar el gasto público. Cuando un gobierno no tiene suficientes ingresos reales para cubrir sus obligaciones y recurre a imprimir dinero para pagarlas, el resultado inevitable es la inflación. Venezuela llevó este mecanismo a extremos que pocos países han alcanzado en la historia moderna. La hiperinflación de 2018 llegó a cifras anuales de más de un millón por ciento según algunas estimaciones independientes.

En 2025, según las propias estadísticas oficiales citadas por CNN en su análisis del discurso de Rodríguez, el índice de precios al consumidor cerró en 475 por ciento anual. Y en los primeros dos meses de 2026, la inflación acumulada ya había llegado al 51,9 por ciento. Estos números, en cualquier otro país, serían titulares de catástrofe nacional. En Venezuela son presentados como señales de mejoría porque la hiperinflación previa había sido todavía peor.

El efecto concreto de esta inflación sobre la vida cotidiana de los venezolanos es brutal. Según datos del Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas), el costo de la canasta alimentaria para una familia de cinco miembros asciende a 677 dólares mensuales. Otras estimaciones sitúan la canasta básica familiar completa, incluyendo servicios, transporte y medicamentos, en torno a los 645 dólares. Frente a eso, el ingreso mínimo oficial en marzo de 2026 es de 190 dólares, que incluye el salario base más bonos sociales. Y el salario mínimo legal, congelado desde marzo de 2022, equivale a 27 centavos de dólar al tipo de cambio oficial. Veintisiete centavos.

Esta brecha entre lo que cuesta vivir y lo que se paga por trabajar no es un accidente ni una consecuencia inevitable del bloqueo externo. Es el resultado de decisiones políticas concretas, tomadas por personas concretas, que tienen nombre y apellido y que siguen ocupando posiciones de poder en el Estado venezolano.

“Un incremento responsable”: la confesión de nadie quiso nombrar. De todas las frases pronunciadas por Delcy Rodríguez en su discurso del 8 de abril, ninguna tiene la densidad involuntaria de la promesa de un "incremento responsable" del salario. La frase fue celebrada por los medios oficialistas como una señal de prudencia económica. Pero leída con atención, es algo más perturbador: es una confesión. “Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento responsable. Conforme Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial, seguiremos avanzando por ese camino.”

Si el próximo incremento será "responsable", ¿qué fueron los anteriores? La lógica del lenguaje es implacable: llamar "responsable" a un aumento futuro implica necesariamente que los aumentos pasados no lo fueron. Y si los aumentos pasados no fueron responsables, ¿quién los decidió? La misma Delcy Rodríguez, que durante años fue la vicepresidenta y jefa del área económica del gobierno de Maduro. La misma persona que hoy ocupa la presidencia encargada y que hoy pide corregir los errores del pasado sin mencionar que ella fue parte de quienes los cometieron.

Hay en esta frase una hipocresía de proporciones mayúsculas que merece ser señalada con toda claridad. Una presidenta que lleva meses en funciones, que tiene en sus manos la facultad constitucional de fijar el salario mínimo, que reconoce que el salario actual de 27 centavos de dólar es insostenible, y que sin embargo anuncia para el 1 de mayo un aumento sin precisar cifras, sin comprometerse con un número concreto, sin establecer un mecanismo de ajuste periódico que vincule el salario al costo real de vida, no está siendo responsable. Está siendo evasiva.

La responsabilidad de un jefe de gobierno en materia salarial no consiste en esperar condiciones perfectas para actuar. Consiste en actuar con los recursos disponibles, establecer prioridades claras, y no sacrificar el poder adquisitivo de los trabajadores en el altar de una estabilidad macroeconómica que beneficia principalmente a quienes ya tienen activos dolarizados. La presidenta Rodríguez tiene el poder de establecer el salario mínimo. Lo ha tenido desde que asumió la presidencia encargada. Que cuatro meses después todavía no lo haya hecho es una decisión política, no una limitación técnica.

Más aún: la propia lógica de la frase revela la trampa conceptual en que el gobierno está atrapado. Rodríguez dijo que un aumento sin respaldo dispararía la inflación y destruiría el poder de compra. Pero el poder de compra ya está destruido. Un salario de 27 centavos de dólar no tiene poder de compra que destruir. La preocupación de la presidenta por la inflación es legítima en abstracto pero grotesca en concreto, cuando se aplica a trabajadores que no pueden comprar el mínimo de alimentos necesarios para sobrevivir con su sueldo mensual.

El economista Andrés Giussepe, director de la consultora Polidata, dijo a CNN con notable precisión: "El anuncio es más de lo mismo. Pareciera que fue para tratar de calmar la tensión social". Y tenía razón. El discurso del 8 de abril se produjo en el contexto de una marcha convocada por la Coalición Sindical Nacional hacia Miraflores exigiendo mejoras salariales inmediatas. El chavismo, a través de Diosdado Cabello, respondió con la fórmula conocida: una contramarcha para disputar el espacio público. Rodríguez respondió con palabras. Ninguna de las dos respuestas era lo que los trabajadores venezolanos necesitaban.

Los ocho puntos: promesas, límites y realidades. En su discurso del 8 de abril, Rodríguez presentó un conjunto de medidas e iniciativas que los medios resumieron en ocho puntos centrales. Vale la pena examinar cada uno de ellos con el detenimiento que merecen, evaluando sus potenciales beneficios, pero también sus limitaciones reales y los obstáculos estructurales que dificultan su cumplimiento.

1. Incremento salarial responsable a partir del 1 de mayo

Ventaja potencial: cualquier aumento, por modesto que sea, mejora marginalmente la capacidad de compra de quienes están en el límite absoluto de la subsistencia. Limitación real: sin un número concreto, sin un mecanismo de ajuste automático vinculado al IPC, y sin la eliminación del sistema de bonos que reemplaza al salario formal privándolo de sus efectos legales (prestaciones, vacaciones, aguinaldo), este anuncio es una promesa sin arquitectura. Un aumento que no llegue al equivalente de la canasta básica es un aumento cosmético. Y anunciar un aumento para dentro de tres semanas sin decir cuánto es, técnicamente, no anunciar nada.

2. Creación de una Comisión de Diálogo Laboral (Constituyente Laboral)

Ventaja potencial: un espacio de diálogo entre el Estado, los sindicatos y el sector privado podría, en teoría, producir acuerdos más sostenibles que los decretos unilaterales. Limitación real: Venezuela ha tenido en el pasado múltiples instancias de "diálogo" que terminaron siendo escenografía sin sustancia. Los sindicatos independientes han sido históricamente perseguidos o cooptados por el chavismo. Cualquier comisión laboral que no incluya a todas las centrales sindicales legítimas, incluidas las opositoras, será otro espacio de consenso fabricado. Además, crear una comisión para discutir el salario no es lo mismo que fijar el salario.

3. Ley Orgánica para la Celeridad de Trámites (desburocratización)

Ventaja potencial: la burocracia venezolana es uno de los factores que más inhibe la inversión y la actividad económica formal. Simplificar trámites puede estimular el emprendimiento y la formalización. Limitación real: la ley excluye expresamente al sector de hidrocarburos, que es el más importante de la economía. Además, la reducción de trámites burocráticos sin atacar la corrupción que los acompaña puede simplemente acelerar los procesos corruptos. La desburocratización genuina requiere independencia judicial y transparencia institucional, dos condiciones que Venezuela está muy lejos de cumplir.

4. Creación de una Comisión para determinar la naturaleza estratégica de activos del Estado

Esta es quizá la medida más ambigua y potencialmente la más significativa. Ventaja potencial: racionalizar el portafolio de activos estatales podría mejorar la eficiencia del sector público y generar recursos. Limitación real: Rodríguez fue explícita en excluir PDVSA del proceso y en afirmar que "quienes sueñan con privatizar PDVSA están equivocados". Sin embargo, el lenguaje de la comisión —determinar qué activos son "estratégicos o no"— es el lenguaje previo a una privatización. Lo que hoy se llama identificación de activos no estratégicos puede convertirse mañana en venta de activos públicos a precio de saldo. Bajo la presión de Washington, que tiene interés en la apertura del mercado venezolano al capital privado, este punto merece vigilancia especial.

5. Consejo Nacional de Economía y nuevo modelo tributario

Ventaja potencial: un sistema tributario más eficiente, equitativo y menos dependiente de las rentas petroleras es una necesidad real de Venezuela. La diversificación de ingresos fiscales es esencial para la sostenibilidad a largo plazo. Limitación real: este es el punto más técnicamente serio del discurso y también el más abstracto. No se presentaron propuestas concretas de reforma. El sector empresarial venezolano lleva años pidiendo cambios tributarios; que el gobierno los escuche ahora, después de haberlos ignorado durante dos décadas, es positivo en principio. Pero el historial de reformas prometidas y no implementadas en Venezuela obliga al escepticismo.

6. Reformas al mercado inmobiliario

Ventaja potencial: hay en Venezuela miles de propiedades vacías y un déficit habitacional real. Reformas que faciliten el acceso a vivienda, especialmente para jóvenes, podrían mejorar la calidad de vida y estimular la economía. Limitación real: las leyes de arrendamiento venezolanas han generado una sobreprotección del inquilino que desincentiva la oferta de alquileres. Reformar esto en favor del propietario, sin protecciones adecuadas para inquilinos de bajos ingresos, puede agravar la exclusión habitacional. Además, la Cámara Inmobiliaria lleva años pidiendo estas reformas; que Rodríguez las anuncie ahora sugiere que la presión del sector privado está siendo escuchada de manera selectiva, lo cual no siempre coincide con el interés general.

7. Llamado a los jóvenes migrantes a regresar

Este punto no es una medida: es un deseo expresado en voz alta. Ventaja potencial: si las condiciones mejoran realmente, el retorno de venezolanos calificados en el exterior sería un activo enorme para la reconstrucción del país. Limitación real: el economista Giussepe lo dijo sin rodeos: los migrantes "no van a venir sin una mejora salarial". Ocho millones de personas no emigraron por capricho. Emigraron porque en Venezuela no podían comer, atender su salud, educar a sus hijos o ejercer libremente su trabajo y su pensamiento. Pedirles que regresen sin haber resuelto ninguna de esas condiciones es, en el mejor de los casos, ingenuidad. En el peor, es cinismo.

8. Peregrinación nacional contra las sanciones (19 de abril al 1 de mayo)

Este último punto es el más revelador de las prioridades reales del gobierno. Ventaja potencial: la presión pública organizada puede ser un factor en las negociaciones diplomáticas. Si existe una presión ciudadana visible que exige el cese de sanciones, eso puede dar argumentos a quienes dentro de la administración estadounidense apoyan un levantamiento gradual. Limitación real: convoca a una movilización política justo cuando los trabajadores estaban convocando sus propias marchas por salarios. La peregrinación contra las sanciones puede funcionar como desviador de la atención interna: en lugar de marchar por su salario, los venezolanos marcharán contra Washington. La demanda justa de que se levanten las sanciones es instrumentalizada para sustituir la demanda aún más justa de que el gobierno cumpla con sus trabajadores.

El gobierno bajo vigilancia: la tutela silenciosa de Washington. Hay una incomodidad profunda en la situación actual de Venezuela que ninguno de los actores involucrados tiene incentivo para nombrar con claridad. Rodríguez gobierna bajo condiciones que ella misma no puede controlar del todo. Washington levantó sus sanciones personales. Trump la elogió públicamente. El secretario Wright la visitó en Miraflores. Las exportaciones petroleras se redirigieron hacia los Estados Unidos. Esta no es una relación entre iguales: es una relación entre un acreedor que controla el acceso a recursos bloqueados y un deudor que necesita esos recursos para sobrevivir políticamente.

En ese contexto, la autonomía de la política pública venezolana tiene límites muy reales. Estados Unidos ha dejado claro que mantiene el control sobre el uso de los ingresos petroleros venezolanos. Las reformas hacia la apertura privada del sector energético que Rodríguez está impulsando responden en buena medida a las preferencias del capital privado estadounidense. La promesa de elecciones que Washington reclama pero que Rodríguez no ha convocado es la moneda de negociación central de toda esta relación.

Este no es un argumento para absolver a Rodríguez de su responsabilidad: una presidenta que acepta conscientemente operar bajo tutela externa sigue siendo responsable de las decisiones que toma dentro de ese marco. Pero sí es un argumento para entender por qué los ocho puntos anunciados tienen la timidez que tienen. Medidas más audaces en favor de los trabajadores —un salario mínimo genuino vinculado al costo de vida, controles de precios efectivos, inversión social masiva— requerirían recursos que hoy están condicionados a la aprobación implícita o explícita de Washington.

Venezuela está, literalmente, pagando el costo de décadas de malas decisiones propias y de intervenciones externas con el hambre cotidiana de sus trabajadores. Y la presidenta encargada, que forma parte del sistema que produjo ese resultado, tiene la audacia de llamar a sus promesas futuras "responsables" mientras el presente sigue siendo una emergencia humanitaria.

En conclusión: lo que Venezuela necesita y lo que se le ofrece. Venezuela necesita un salario mínimo que cubra la canasta básica. Necesita un sistema de ajuste salarial automático vinculado a la inflación. Necesita un presupuesto de salud y educación pública que funcione. Necesita una moneda estable. Necesita un sistema judicial independiente que proteja los contratos y las inversiones. Necesita elecciones libres y verificables que devuelvan la legitimidad al Estado. Necesita que los recursos petroleros sean administrados con transparencia y que sus beneficios lleguen a los ciudadanos y no a los funcionarios o a grupos de particulares.

Lo que se le ofrece el 8 de abril de 2026 es una comisión laboral sin fechas, un aumento sin cifras para dentro de tres semanas, una ley de trámites que excluye al sector más importante, una reforma tributaria que todavía está en discusión, y una peregrinación contra las sanciones que convenientemente coincide con el Día del Trabajador y reemplaza en el calendario político la presión obrera por la presión antiimperialista.

El contraste entre lo que se necesita y lo que se ofrece no es una distancia administrable. Es un abismo. Y la responsabilidad de ese abismo recae sobre un gobierno que lleva más de dos décadas en el poder y que ha tenido todos los recursos del mundo —literalmente: la mayor reserva petrolera del planeta— para construir un país diferente y eligió, en cambio, construir un Estado al servicio de sus propios intereses.

Delcy Rodríguez prometió un salario "responsable". Los venezolanos merecen uno. Y merecen también que quien lo prometa tenga la honestidad de reconocer que la irresponsabilidad de los salarios anteriores fue decisión de su propio gobierno, no accidente ni fatalidad. Ese reconocimiento no está en el discurso del 8 de abril. No está, y su ausencia lo dice todo.

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