Tras el ataque militar y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, Delcy Rodríguez fue elevada a la Presidencia encargada, con el respaldo de Estados Unidos. Desde entonces se han producido un conjunto de cambios políticos, reformas de leyes, en las que se inscribe también la nueva Ley de Amnistía. Estamos por la libertad plena de todos los trabajadores, campesinos, de los sectores populares, luchadores sociales y activistas que han sido presos injusta y arbitrariamente, la gran mayoría invisibilizados.

En la primera semana de febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un proyecto de "Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática", promovido por el Ejecutivo de Delcy Rodríguez. El texto, apoyado por unanimidad en su primer debate, propone amnistiar a personas procesadas o condenadas por delitos políticos ocurridos en un período que va desde 1999 hasta 2026, lo que teóricamente abarcaría a presos de diversas coyunturas de confrontación y tensión política, con exclusiones, según el texto, a "las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas".

El gobierno la presenta como un paso hacia la "reconciliación nacional y el fin de la confrontación política del país". Pero la Ley de Amnistía aparece como una pieza clave dentro de una arquitectura política que no puede comprenderse fuera de un escenario forjado por la intervención estadounidense.

El gobierno que hoy encabeza Delcy Rodríguez actúa bajo las coordenadas de un ordenamiento diseñado en Washington, donde los hilos se mueven al ritmo de las exigencias de Donald Trump y la influencia directa de figuras como Marco Rubio. Las imposiciones desde la Casa Blanca han tenido como eje explícito la política petrolera, la apertura de sectores estratégicos, y una Ley de Amnistía no puede estar fuera de este contexto.

En este marco, la Ley aparece no solo como un movimiento político puntual, sino como un componente de esa "hoja de ruta" internacionalmente supervisada para redefinir el mapa político interno del país. La ley tiene su origen post acto de intervención donde se configuran propósitos al estilo "borrón y cuenta nueva" para una "transición" a un régimen neocolonial y una reconfiguración política del país que aún está por verse.

Lo que establece la Ley es amnistía para los condenados o judicializados por diferentes hechos de violencia en el marco de la lucha política en momentos específicos definidos (10 situaciones delimitadas), por tanto, dejando por fuera a todos aquellos y aquellas que sufrieron persecución, sufren cárcel, condenados en todo el largo períodos donde se violentaron los derechos. En otras palabras, a la gran mayoría de los trabajadores, campesinos, los presos por luchar por sus demandas, desde luchas salariales contra los patrones privados o estatales, por el derecho a la tierra, democráticas y políticas, que en el marco de la crisis económica luchaban por que no cayera sobre sus espaldas toda la crisis.

También deja por afuera a muchísimos luchadores sociales, populares, por demandas democráticas, por el simple hecho de denunciar corrupción o peor aún por tan solo opinar diferente en una red social. Por otra parte, estamos ante una Ley que abre marco a la impunidad. Se está, por tanto, lejos de lo que dice el gobierno de cualquier tipo de "convivencia democrática", en una ley de negociación de las élites en conflicto orientada desde Washington.

Se deja intacto todo el entramado de leyes base de la represión

Pero la Ley de Amnistía, en lo que al borrador se refiere, no modifica ni deroga las leyes represivas que han sido empleadas para perseguir y encarcelar........

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