Nuestro país no es, hoy en día, una nación soberana, sino un activo de la superpotencia hemisférica en pugna con las otras, por petróleo, tierras raras y demás riquezas a extraer. Bajo una ocupación de facto, operada en virtud de la capitulación de los que ahora son administradores locales, cuya única habilidad demostrada es quedarse en el "coroto" (el "poder joder"), así sea mediante el servilismo más "pragmático chavista" (Ameliach), se nos aplica el "Plan Rubio" casi como una tabla de salvación, aplaudida, de paso, por los tres principales factores políticos que hoy dominan la escena pública, entre otras cosas porque, supuestamente, es "el único" plan posible.

El plan diseñado en Washington, y aceptado por los actores que compiten por algún cariñito de Trump, se divide en tres etapas ya consabidas. La primera es la Estabilización, operacionalizado mediante un nuevo Orden Jurídico de Entrega, sin ninguna base constitucional, que da una garantía mínima al saqueo. En otras palabras, el objetivo en esta fase es reformar las leyes para que el petróleo, el oro y las tierras raras pasen a manos transnacionales sin trabas, subordinando nuestros recursos a la estrategia energética de EE. UU. La segunda etapa es la llamada "Recuperación" que según el criterio de los planificadores y ejecutores se entiende como la reactivación de las tasas de ganancia de los capitales externos y, de ñapa, internos. Finalmente, como tercer paso, se anuncia una futura "Transición" que, al parecer, quedaría para cuando el despojo esté blindado y se puedan dar unas elecciones, como acto triunfal de legitimación de nuestra condición.

Reconociendo nuestra desventaja, sobre todo militar, pero armados con la legitimidad de quienes habitan y sufren el territorio, debemos anteponer nuestros propios criterios a ese plan. El Plan del Pueblo no espera por permisos extranjeros. Se basa en la dignidad de la República y de todos los venezolanos, además de su capacidad de organización y movilización, de unidad en la acción y de su imaginación.

Está bien, podemos hablar de tres etapas, pero desde un punto de vista diferente. Además, no se trata de fases separadas por muros. Hay que solaparlos, porque el logro de los objetivos de un momento, solo llegarán a su culminación con los objetivos del siguiente.

En la Fase I, nosotros exigiremos y conquistaremos el salario, la recuperación inmediata del poder adquisitivo de la retribución por nuestro trabajo. No hay país posible sin salarios ni derechos laborales, hoy abolidos. Paralelamente, la libertad es condición previa para la lucha. Es imperativo derogar el entramado legal de la represión:

Ley contra el Odio (herramienta de censura).

Ley contra el Odio (herramienta de censura).

Ley de Fiscalización de las ONG.

Ley de Fiscalización de las ONG.

Ley de Extinción de Dominio (usada como vendetta política).

Ley de Extinción de Dominio (usada como vendetta política).

Ley "Simón Bolívar" y

Ley "Simón Bolívar" y

el Decreto de Conmoción Nacional

el Decreto de Conmoción Nacional

En la Fase II, solapándose con la primera, debemos asegurar el retorno a la Institucionalidad. Nuestro plan debe avanzar hacia el rescate de las estructuras que hoy son cascarones vacíos o armas del partido: La Fiscalía y la Defensoría del pueblo, para que dejen de ser oficinas de persecución para volver a ser garantes de la ley, rescatar la Autonomía Universitaria, devolver a las academias su rol de pensamiento crítico sin botas militares en los pasillos, realizando las elecciones de autoridades en las universidades autónomas, más allá de la UCV. Recuperar el voto como herramienta real, no como un simulacro para legitimar la entrega.

En la tercera fase, debemos luchar por el objetivo de lograr la Transición Republicana y aplicar la Justicia Pendiente. El horizonte del Plan del Pueblo no es una simple alternancia de nombres en el palacio de gobierno para que todo siga igual, sino la reedificación de la República desde sus cimientos. La transición verdadera solo será posible cuando el voto recupere su carácter sagrado y decisorio, lejos de las tutelas extranjeras y de los chantajes locales.

Esta etapa debe centrarse en tres pilares irrenunciables. En primer lugar, recuperar la Legitimidad de Origen y Poder Electoral, mediante un nuevo y diferente Consejo Nacional Electoral (CNE), Un ente técnico, transparente y despartidizado que convoque a elecciones generales para la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, devolviendo la soberanía a quien siempre debió tenerla: el ciudadano.

Segundo, la Renovación de los Poderes Judicial y Ciudadano: La justicia no puede seguir siendo un brazo ejecutor de la venganza o un garante de la impunidad. Necesitamos jueces y fiscales que respondan a la Constitución y no a las llamadas de un despacho político.

Tercero, conquistar la Justicia y la Reparación: La transición no puede ser un "borrón y cuenta nueva" que ampare a los verdugos. El pueblo exige justicia frente a los torturadores que quebrantaron la dignidad humana y contra los saqueadores del erario público que, mientras hablaban de soberanía, vaciaban las arcas de la nación. La recuperación de los capitales robados es el combustible necesario para la reconstrucción social.

Finalmente, el Plan del Pueblo se diferencia del Plan Rubio en su esencia democrática. Mientras el plan foráneo se diseña en oficinas alfombradas de Washington, nuestra ruta se fundamenta en el avance de la participación popular, tal como lo manda nuestra Constitución. No buscamos cambiar un amo por otro, sino eliminar la figura del amo. La participación protagónica del pueblo en la gestión de sus recursos y en el control del poder es la única garantía de que el petróleo, el oro y las tierras raras sirvan para el desarrollo nacional y no para financiar los lujos de una nueva casta de administradores entreguistas. La soberanía se defiende con el pueblo en la calle y con las instituciones al servicio de la gente.

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