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El apagón planificado: Corrupción y minería de bitcoin sentencian al sistema eléctrico venezolano

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Investigación especial revela que el racionamiento de Corpoelec no es consecuencia de la crisis climática, sino un mecanismo de control social y financiamiento de operaciones opacas.

CARACAS, VENEZUELA – El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela ha dejado de ser un servicio público para convertirse en una herramienta de racionamiento selectivo y manipulación política. Mientras la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) justifica las interrupciones mediante el discurso del "sabotaje" o el fenómeno de "El Niño", una investigación periodística profunda confirma que el país vive las consecuencias de un saqueo sistemático que supera los 30.000 millones de dólares en inversiones fallidas.

El Saqueo: Una red de corrupción con nombres propios

La oscuridad que hoy viven millones de hogares no es fortuita. Entre 2010 y 2015, se asignaron presupuestos milmillonarios para la emergencia eléctrica que terminaron en redes de legitimación de capitales. Casos emblemáticos como el de Jesse Chacón, bajo cuya gestión se prometieron soluciones en 100 días que nunca llegaron, y la participación de empresas como Derwick Associates —los denominados "Bolichicos"—, evidencian un patrón de sobreprecios y compra de equipos usados o incompatibles.

"El dinero que debió destinarse a modernizar las turbinas del Guri y las plantas termoeléctricas terminó en cuentas de Andorra y propiedades de lujo en Madrid y Florida", señala el reporte.

Bitcoin: El consumo que el pueblo no puede ver

Uno de los hallazgos más alarmantes de esta investigación es el uso discrecional de la carga eléctrica para la minería de criptomonedas. Mientras ciudades enteras permanecen a oscuras durante bloques de 4, 6 y hasta 12 horas, "granjas" de minería de Bitcoin vinculadas a altos funcionarios operan con suministro ininterrumpido.

El racionamiento aplicado a la población no busca "estabilizar el sistema", sino liberar megavatios para alimentar estos centros de datos que generan ingresos directos en divisas, ajenos al control del tesoro nacional. Corpoelec actúa como un gestor de energía que prioriza el lucro privado del poder sobre el bienestar ciudadano.

El Racionamiento como arma de control social

Más allá de la incapacidad técnica, el racionamiento se ha convertido en una táctica de manipulación política. Al mantener a la población en un estado de supervivencia constante —preocupada por la comida que se pudre, el agua que no llega y la falta de conectividad—, se reduce la capacidad de organización y protesta.

Zonas de castigo: Sectores con mayor historial de disidencia política sufren cortes más prolongados.

Dependencia estatal: El restablecimiento del servicio se presenta como un "favor" gubernamental y no como un derecho humano.

Diagnóstico de un colapso evitable

A pesar de contar con un potencial hidroeléctrico de 20.000 MW, la generación real apenas alcanza el 30% de su capacidad. La falta de mantenimiento preventivo y el éxodo masivo de personal calificado (ingenieros y técnicos especializados de Corpoelec) han dejado al SEN en manos de militares sin experiencia técnica, lo que garantiza que la crisis se profundice en los próximos meses.

La investigación concluye que, sin una auditoría internacional independiente y la recuperación de los activos robados, el "plan de administración de carga" seguirá siendo el eufemismo oficial para el colapso de un país que, teniendo todo para iluminar la región, ha sido condenado a la oscuridad por la cleptocracia.

Prefiero molestar con la Verdad, que adular con la Mentira.


© Aporrea