Hoy, hablar del salario en Venezuela es hablar de una realidad que golpea la vida diaria de millones de trabajadores. El ingreso que llega cada mes ya no es, en su mayor parte, salario. Se compone de bonos, ayudas y pagos "complementarios" que, aunque alivian momentáneamente, han sido excluidos del concepto legal de salario.

Esto tiene un efecto profundo y doloroso: vivimos un proceso de desalarización. El trabajador recibe dinero, pero su salario real —el que sirve para calcular prestaciones, pensiones, vacaciones y seguridad social— es casi simbólico. En la práctica, sus derechos se van diluyendo.

El ejemplo más claro es el salario mínimo legal: Bs. 130 mensuales. Al cambio actual, eso equivale a unos 0,40 dólares. Menos de medio dólar al mes. No alcanza para cubrir ni una mínima necesidad básica. Con esa cifra no se vive: se sobrevive, y muchas veces ni siquiera eso.

Esta situación no solo empobrece al trabajador; también traslada todo el peso de la crisis sobre sus hombros. La fragmentación del ingreso reduce las obligaciones patronales y vacía al salario de su función histórica: proteger al ser humano que trabaja.

Nada de esto es normal ni legal. El artículo 91 de la Constitución y los Convenios 95 y 131 de la OIT obligan al Estado a garantizar un salario suficiente. Pero entre lo que dice la ley y lo que llega al bolsillo del trabajador hay una brecha enorme.

Para entender lo que hemos perdido, hay que mirar atrás: en 2012, una familia contaba con más de 600 dólares mensuales entre sueldo y bonos. No evocamos el pasado por tristeza, sino para demostrar que el bienestar es alcanzable con voluntad y con las políticas correctas. Sin embargo, aquel año marcó una paradoja: mientras empezábamos a aplicar el cálculo de........

© Aporrea