Apenas transcurrido un mes del inusual y sacudidor doblete sísmico que ha puesto a prueba la templanza física y emocional de los venezolanos, la vida nacional vuelve a registrar un movimiento de alta intensidad, esta vez en las placas tectónicas de la geopolítica y el derecho internacional. El anuncio formal emitido por el Ejecutivo —bajo las directrices de la presidenta encargada Delcy Rodríguez— sobre la decisión irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma y abandonar la Corte Penal Internacional (CPI) marca un punto de inflexión. No se trata de un simple trámite diplomático; es la cristalización de una ruptura conceptual con un sistema de justicia global que el Estado venezolano acusa de estar profundamente fracturado por el sesgo, la selectividad y el doble rasero. 

Para comprender el trasfondo de esta determinación hay que mirar la cartografía de la impunidad y la justicia supranacional que indigna a buena parte los países del Sur Global. Durante años, la narrativa oficial y amplios sectores de la opinión pública han cuestionado la asimetría con la que........

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