La aprobación en segunda discusión de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) el 29 de enero de 2026 marca el inicio de un nuevo paradigma legal en la industria energética venezolana, caracterizado por una apertura pragmática orientada a la captación de capital privado bajo el denominado "Modelo Chevron". Sin embargo, este proceso legislativo ha estado marcado por la omisión deliberada de salvaguardas institucionales críticas propuestas por expertos y las de este servidor que enfatizaba la necesidad de establecer la incompatibilidad absoluta de cargos para restaurar el control fiscal. 

El texto sancionado no solo ignora estas recomendaciones, sino que profundiza la fusión de roles entre el ente regulador y el operador, eliminando los "pesos y contrapesos" fundamentales en la teoría del Estado y la administración pública moderna. La configuración de una nueva junta directiva en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), donde figuras del gabinete económico asumen roles operativos directos, constituye un conflicto de intereses que anula la transparencia contractual prometida en el Artículo 1 de la reforma. 

Este análisis demuestra que la arquitectura legal de 2026, lejos de corregir los vicios históricos, institucionaliza una estructura de opacidad que eleva la probabilidad de recurrencia de corrupción a niveles críticos, comprometiendo la soberanía técnica y el patrimonio común de la República.

La esencia de la propuesta que consignamos a la Asamblea Nacional en el marco del debate de Segunda Discusión de la LOH 2026, solicitaba la incorporación de un Artículo sobre la “INCOMPATIBILIDAD DE CARGOS Y RESTAURACIÓN DEL CONTROL FISCAL”. Finalmente, no fue considerada por los diputados responsables de tales decisiones, que planteaba la restauración de la dicotomía funcional entre el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, como ente rector, planificador y fiscalizador, y PDVSA, como brazo ejecutor y operador (Giussepe:2026). 

Desde 2004, la industria petrolera venezolana ha padecido una erosión sistemática de esta distinción, mediante la práctica recurrente de nombrar a una misma persona como Ministro y Presidente de la estatal petrolera. El documento argumenta que esta dualidad convierte al funcionario en "juez y parte", permitiendo que el regulador se audite a sí mismo, lo que anula cualquier posibilidad de control externo efectivo. La omisión de este principio en la LOH 2026 aprobada por la Asamblea Nacional no es un simple descuido técnico; representa una decisión política orientada a mantener una "puerta giratoria" de discrecionalidad administrativa.

En el marco de la ciencia administrativa, el principio de pesos y contrapesos requiere que la autoridad que otorga los derechos de explotación y........

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