​La reciente decisión de la Contraloría General de la República de formalizar el levantamiento de la inhabilitación administrativa y política del Dr. Andrés Giussepe marca un hito, no solo en su trayectoria personal, sino en el complejo termómetro de la justicia institucional en Venezuela. Tras 20 meses de mora administrativa —puesto que la sanción había expirado legalmente el 3 de julio de 2024—, este acto de restitución no es una concesión graciosa, sino el reconocimiento tardío de un derecho conculcado.

​El Rol de la Ley de Amnistía y la Gestión Institucional

​Este avance es el resultado directo de la activación de los mecanismos previstos en la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática 2026. Es imperativo destacar la gestión del Diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento, quien ha fungido como puente institucional para que la racionalidad jurídica prevaleciera sobre la inercia burocrática.

​La habilitación del Dr. Giussepe en el sistema de la Contraloría y la reciente emisión de su pasaporte por parte del SAIME representan victorias tácticas contra el ostracismo. Sin embargo, el caso Giussepe desnuda una patología sistémica mucho más profunda que la simple inhabilitación política: la aplicación de la "Muerte Civil" como herramienta de control.

​La "Vía de Hecho" como Método de Persecución

​Lo alarmante de este caso —extrapolable a otros sectores de la disidencia de izquierda— es la persistencia de restricciones que operan fuera del expediente judicial. Estamos ante una "Vía de Hecho Administrativa": bloqueos en SUDEBAN, restricciones de propiedad en el SAREN, impedimentos en el CNE y alertas policiales en el SIPOL que no dejan rastro documental.

​"No hay juicios, no hay boletas de excarcelación pendientes, no hay prontuario criminal. Lo que existe es un plan de aniquilación civil coordinado desde la sombra, donde una llamada telefónica del alto gobierno tiene más peso que el Artículo 49 de la Constitución sobre el debido proceso."

​Resulta contradictorio que, mientras el Estado avanza en procesos de diálogo y amnistía, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz mantenga activas prohibiciones de salida del país que carecen de orden judicial. ¿Cómo se explica que un ciudadano sea solvente ante la Contraloría pero siga siendo un "paria" para los sistemas financieros y de seguridad?

​Un Llamado a la Coherencia Democrática

​La reconciliación nacional no puede ser un eslogan de exportación mientras persistan estos métodos de asfixia contra quienes, desde la formación académica y la militancia crítica, disienten del oficialismo.

​Queda pendiente que el resto de las instituciones emulen el paso dado por la Contraloría. La restitución debe ser integral: económica, civil y política. El país observa con atención si el Gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a desmontar este andamiaje de persecución contra la izquierda disidente o si, por el contrario, la Muerte Civil seguirá siendo la respuesta ante la altura del debate intelectual y la exigencia de derechos.

​La justicia a cuentagotas sigue siendo una forma de injusticia. Es hora de que el Estado venezolano cierre, de una vez por todas, los expedientes invisibles de la persecución.

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