Mercenarios mediáticos argentinos
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Periodistas fantasma con identidades fabricadas, fotos generadas por inteligencia artificial, noticias inventadas...
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Un consorcio de siete medios internacionales –ninguno de ellos afín a Javier Milei, más bien todo lo contrario– acaba de revelar, a partir de 76 documentos internos filtrados, que una red vinculada presuntamente a los servicios de inteligencia exterior de Rusia destinó, a lo ... largo de 2024, al menos 283.000 dólares a colocar más de 250 piezas periodísticas en una veintena de medios digitales argentinos con el propósito declarado de desacreditar al presidente argentino. Periodistas fantasma con identidades fabricadas, fotos generadas por inteligencia artificial, noticias inventadas para dinamitar las relaciones diplomáticas de Argentina con Chile, e incluso planes para apoyar económicamente a candidatos opositores en las elecciones legislativas de 2025. Todo ello al módico precio de entre 350 y 3.100 dólares por pieza publicada. La reacción inmediata de los medios implicados, consistente en el borrado masivo de esas piezas periodísticas, parece confirmar por la vía factual lo denunciado en tales documentos filtrados.
Y ahí reside la verdadera gravedad del asunto. No tanto en que Moscú, Pekín o Madrid hayan intentado comprar a medios argentinos (todos los Estados con capacidad para influir sobre la opinión pública extranjera tienden a hacerlo: es una práctica tan antigua como la diplomacia misma y tan extendida como cínica), sino en que una parte de esa prensa se haya dejado comprar, o cuando menos se prestara a publicar contenidos suministrados por terceros sin verificar mínimamente la identidad ni las credenciales de quienes los firmaban.
El trabajo de los medios de comunicación consiste (o debería consistir) en fiscalizar al poder político desde la independencia, incluso cuando se ejerza desde la parcialidad ideológica. Que un periódico sea crítico con un gobierno no sólo es legítimo: es deseable. Pero cuando esa crítica no nace de la investigación propia ni del criterio editorial, sino que se ejecuta como encargo retribuido por un poder político extranjero, el medio deja de ser un fiscalizador del poder para convertirse en su instrumento. Y a partir de ese momento, toda su producción queda bajo sospecha, incluida aquella que pudiera ser perfectamente legítima.
Además, el daño no se circunscribe a los medios directamente implicados. De la misma manera que un escándalo de corrupción política nos lleva a sospechar cuántos otros casos permanecerán ocultos, este episodio genera lo que en economía llamaríamos una externalidad negativa sobre la credibilidad del conjunto de la prensa: si conocemos una campaña de intoxicación, ¿cuántas otras estarán operando ahora mismo en la sombra sin que lo sepamos? Es, como poco, un temor razonable. A resultas de este escándalo, todos los medios argentinos, y no solo los señalados en estos documentos, deberían extremar su rigor y transparencia, porque lo que está en juego no es solo su reputación particular, sino la capacidad misma de la prensa para cumplir la función que justifica su existencia.
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