Seis meses. Eso es lo que debería tardar como máximo la Administración en dar respuesta a toda solicitud de discapacidad presentada por cualquier ciudadano español. Un periodo de espera que rara vez no se supera. Es habitual que en la mayoría de las autonomías este plazo se prolongue por más de un año, incluso más de dos.

Acudir a uno de los centros que tramitan la situación de discapacidad, su renovación o agravamiento, es encontrar numerosos testimonios de personas lamentando los plazos que se manejan. La desesperación, el enfado y la impotencia son la tónica. No queda otra que aguantarse. ¿Poner una........

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