El decreto que obliga a dar 42 datos personales al registrarse en un hotel o alquilar un coche sobrevalora la capacidad de la administración y de las empresas para gestionar información... y para protegerla.

Y sobrevalora a los propios ciudadanos que han de dar esos datos: nadie tiene 42 datos sobre sí misma/o. Y si los tiene no los sabe (ni quiere saberlos). Menos mal que no exigen el ADN. El primer efecto de este decreto es que nuestro ego se expanda un poco más: ¡42 datos! El segundo efecto es que somos relevantes para el gobierno. ¡Nuestros movimientos importan!

Esta demanda de datos es gratis: por ahora no hemos de pagar porque nos succionen la info, pero es una vía para que en cualquier momento este u otro gobierno nos extraiga automáticamente unos euros: igual que pasar la ITV, renovar el carné, etc. La regla infalible es: cualquier cosa que haga el gobierno antes o después la pagarás tú.

La aplicación informática ya petó el primer día. Y los conserjes, también. El gobierno sostiene que el Real Decreto 933/2021 es para aumentar........

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